Nación no tiene aún claro cuál será la definición política concesiones que fueron otorgadas en el primer gobierno de Carlos Menem, pero las provincias de Neuquén y Río Negro ya formaron una comisión de análisis, para defender la potestad del recurso hídrico, de acuerdo a lo que establece el artículo 124 de la Constitución Nacional. 

“Hace un año que venimos elaborando con esto, viendo la posibilidad de que en 2023 las provincias tengan alguna injerencia en lo que es el recurso hídrico porque la realidad es que la Nación, en estos 30 años, no ha cumplido con los contratos, con la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) a la cual le debe casi 1000 millones de pesos habiendo alterado unilateralmente los contratos”, sostuvo Elías Sapag, representante de Neuquén en la AIC. Entre 2023 y 2029 vencen las concesiones hidroeléctricas y la pandemia puso una suerte de freno y otras prioridades. 

Se trata de los contratos de Planicie Banderita, El Chocón y Arroyito (administrada por la italiana Enel); las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y El Chañar (Orazul Energy), la planta hidroeléctrica Alicurá (AES) y el complejo hidroeléctrico Piedra del Águila (Sociedad Energía Sadesa Central Puerto) y Pichi Picún Leufú (Pampa Energía). Es que nos sólo el tema pasa por si el Estado Nacional prorroga las concesiones a las operadoras y las devuelve a las provincias, sino también el cumplimiento de contratos respecto a los ingresos por regalías. 

“Se le debe no menos del doble o triple de la AIC a las provincias de Río Negro y Neuquén, en regalías. No logramos reparar el complejo del dique Ballester porque no tenemos recursos, no podemos hacer los estudios en Cerros Colorados porque cuando no se puede generar energía eléctrica, por transformadores rotos no tenemos recursos para seguir con los estudios para reponer agua en el sistema sobre todo en esta época que es de riego y otras cosas”, prosiguió. 

El gobierno de Alberto Fernández no dio una señal clara de querer entregar la administración de los recursos del aprovechamiento de los ríos a las provincias, a pesar de las promesas electorales. Está latente el antecedente de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que pasó de una promesa de entregarlas a las administraciones provinciales a llamar nuevamente a una “licitación corta”. 

En estos días se conocieron las ofertas de cuatro empresas. “No se ha visto a la Secretaría de Energía (a cargo del neuquino Darío Martínez) tener la voluntad de discutir este tema y es otra situación que se alarga en el debate y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. Es evidente que nosotros necesitamos este apoyo político para avanzar, también hay un tema del estado de las presas y los órganos de seguridad, por eso es importante la discusión”, detalló, Sapag. El representante de Neuquén ante la AIC sostuvo que los informes de seguridad s realizan todos los años y si bien se hace mantenimiento a las a las presas para el correcto funcionamiento, “las empresas no han invertido” en estas décadas. “Son sistemas tecnológicos viejos, en algunos casos de los años 60 y 70 que hay que actualizar, las represas son seguras pero todas esas cosas van a aparecer en el informe que estamos elaborando.