Paulo Farina , exsubsecretario de Energía Eléctrica , se expresó sobre las recientes resoluciones y posibles medidas del gobierno nacional que involucran al Programa RenovAr y el desenlace de los contratos en stand by.  “En RenovAr las multas eran importantes desde el inicio, desde el momento cero, con lo cual ahora el gobierno se encuentra en una situación de que tendría que exigir esa multa, pero son muy altas y es difícil aplicar todas”.  

“El error está hecho desde el inicio en que las multas sean muy altas, supuestamente para que no venga nadie que no tenga el financiamiento casi apalabrado. Entonces lo lógico es que se tendrán que haber caído mucho antes para que no siga creciendo la bola de nieve”, agregó.  

De todos modos afirmó que “el objetivo del gobierno debería ser salvar estos proyectos de alguna manera, porque ya están adjudicados y el precio va a ser menor en función de las multas”.  Y es preciso recordar que que a mediados de abril, CAMMESA le solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación que resuelva la problemática de contratos detenidos, e incluso detalló que existían 46 proyectos con causales de rescisión contractual que acumulaban 1.340 MW de potencia, sobre un total de 5133 MW contratados de todas las rondas de la licitación pública.  

Cuadro reflejado en la carta de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A a la Secretaría de Energía “Si alguien rescata esos proyectos y los hace a un precio más bajo, que es pagar la multa, bienvenido sea”, apuntó Farina.  Siguiendo esa misma línea, sostuvo que “la discusión del precio es relevante para decidir la continuidad de esto” y que la posibilidad de rescate de los proyectos, ya sea vendiéndolos a quien logre conseguir el financiamiento, “es una solución que en los papeles parece interesante, pero en la práctica tampoco ha sido fácil resolverlo”.  Y continuó: “La pregunta es cuánto valor tiene haber hecho esas licitaciones y tener proyectos ya identificados y analizados, que al fin y al cabo son estos proyectos ya adquiridos, más el ready to build de los proyectos”. 

 Dentro de las posibles alternativas que el especialista contempló para destrabar esta situación, es aquella que se implementó con el Programa GENREN: “Un camino posible es lo que se hizo en la renegociación del GenRen en 2015, donde básicamente se mencionó la reducción de las penalidades si se hace un proyecto a un precio reducido”.  Por otro lado, ante la pregunta de si consideraba difícil (o no) que se bajen las penalidades, el exsubsecretario de Energía Eléctrica durante el último Gobierno de Cristina Kirchner (2011-2015) y actual consultor puso en manifiesto el “efecto material adverso” y la posible judicialización de los emprendimientos. 

“Obviamente el argumento de varios proyectos, como el cambio de las condiciones financieras de la Argentina”.  “Cualquier ejecución de garantía irá a un arbitraje internacional y ahí está la voluntad de las partes de encontrar un punto y medio en reconocer el argumento del cambio material adverso, pero no sé cuál puede ser la respuesta del gobierno”, concluyó.