En la ampliación del Presupuesto que el Senado convirtió en ley la semana pasada hay dos artículos que contemplan créditos para las distribuidoras eléctricas y que el gobierno quiere utilizar para negociar nada menos que la Revisión Tarifaria Integral, la deuda que mantienen con CAMMESA y las próximas inversiones. El objetivo del Ejecutivo es utilizar ese crédito como una moneda de cambio para negociar con las distribuidoras. No es dinero contante y sonante que se les piensa transferir a las compañías. El gobierno ya estuvo poniendo dinero este año a través de transferencias del Tesoro destinadas a cubrir parte de la cuenta que las distribuidoras no le pagaron a los generadores. 

A su vez, las empresas reclaman fondos que les deben por el incumplimiento de la Revisión Tarifaria Integral generado a partir del congelamiento. ¿Qué dice la nueva Ley? El artículo 18 de la Ley aprobada la semana pasada —que aún no fue promulgada en el Boletín Oficial— les reconoce a las distribuidoras de electricidad créditos equivalentes a tres veces la factura media mensual del último año que debían pagar en el Mercado Eléctrico Mayorista. A su vez, en el artículo 19 se aclara que esos créditos serán aplicados solo a las distribuidoras que al 20 de octubre de este año no posean deuda en el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) o hayan adherido a un plan de refinanciación con CAMMESA. 

Ese plan de pagos no deberá exceder las 60 cuotas mensuales (es decir, por los próximos cinco años). Además, las distribuidoras tendrán 12 meses de gracia (empezarán a pagar recién a fines de 2021) y deberán tener que pagar una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente en el MEM. El texto aclara además que la tasa de interés diferida se aplicará a partir del 1 de enero de 2019 para la determinación de la deuda que cada distribuidora se comprometerá a cancelar a través del plan de pagos. 

¿A qué apunta el gobierno? 

En el caso de Edenor y Edesur, que son las únicas dos distribuidoras que sigue bajo la órbita del Estado nacional a través del ENRE, aspira a utilizar ese crédito como herramienta para negociar con las distribuidoras. Las empresas reclaman fondos que les deben por el incumplimiento de la Revisión Tarifaria Integral generado a partir del congelamiento decretado en la práctica desde febrero de 2019. Desde ese mes a la fecha, la inflación se acerca al 70 por ciento. 

El Ejecutivo, por su parte, tiene dos frentes abiertos con las empresas. Por un lado, el ENRE —que dirige el interventor Federico Basualdo— propuso a Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, anular la RTI realizada por la administración anterior. En tanto que CAMMESA acumuló una acreencia con las distribuidoras porque, durante los primeros meses de la cuarentena, los privados discontinuaron los pagos de la energía que toman del MEM. Por eso, la administradora tuvo que cubrir una parte importante de la cuenta que las distribuidoras le pagan a los generadores. 

¿Cómo se regulariza esa situación? 

Con los dos artículos que incluyó en la ampliación del Presupuesto, a las distribuidoras que tienen deuda con CAMMESA se les ofrece un plan de pagos y de acuerdo a cómo avance la negociación a cambio podrían imputar ese crédito a la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) atrasado (no se actualiza desde principios del año pasado). Los privados que directamente no tengan deuda con CAMMESA podrían imputar ese crédito a VAD atrasado. De este modo pasa a ser una acreencia de la empresa que podrían cobrarse dejando de pagarle a CAMMESA. Los detalles del esquema se conocerán una vez que la Secretaría de Energía publique la resolución que reglamenta la instrumentación del plan de financiamiento.