“No existe una obra concreta en la zona (por el Golfo San Matías y el resto del litoral marítimo). El daño ambiental que denuncian es meramente hipotético, vago, conjetural. El debate relativo a la posible instalación de un ducto será objeto de un procedimiento administrativo (licitación pública), y l os actos que se adopten en dicho marco podrán ser cuestionados eventualmente en un nuevo proceso judicialâ€�. 

Con estos argumentos, que se ciñen casi punto a punto a los que a su vez brindó el gobierno de Río Negro, la Procuración (a cargo de Jorge Crespo) armó un dictamen que elevó al Superior Tribunal de Justicia. Lo envió el 17 de este mes y ahora, ese tribunal tendrá un máximo de 40 días para expedirse sobre el tema. 

El dictamen no es vinculante , pero fija un abordaje que podrá descartar o considerar el STJ. Hasta el momento, evitó ahondar en el tema de fondo . Sólo analizó las formas y la legitimidad de esa presentación. 

Lo que se evaluó es el pedido de inconstitucionalidad que presentaron varias entidades que se niegan a la llegada de las actividades petroleras a las costas rionegrinas. Fue a fines de diciembre de 2022, y el pedido aspira a que la ley 3308 se mantenga intacta, y se declaren nulas las modificaciones que aprobó la Legislatura, que habilitó la actividad hidrocarburífera en el litoral marítimo. 

Este cambio repercutió con fuerza en San Antonio Oeste y en Sierra Grande, dos de las localidades que basan sus economías en la naturaleza que resguarda el Golfo San Matías. Es que en ese sector se realizaría la primera inversión, que consistiría en un puerto petrolero que se levantaría en la localidad serrana (puntualmente en Punta Colorada) para exportar hidrocarburos que, a través de un oleoducto, llegarían desde Vaca Muerta.