La instancia pública fue presidida por Osvaldo Rolando , interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), quien aseguró que “la audiencia constituye un nuevo paso hacia la restauración de un servicio eléctrico de calidad consolidado por inversiones competentes en un contexto adverso y condicionado por la emergencia del sector energético que declaró el gobierno nacional”.

A su vez, el funcionario aseveró que “el gobierno entiende que la recomposición de tarifas y subsidios constituye una condición ineludible para desandar un camino signado por la subestimación de los costos reales del mantenimiento, optimización y ampliación de la red eléctrica nacional, situaci ón que derivó en planes de inversión limitados y una prestación ineficiente absolutamente vulnerable a exigencias extraordinarias”.

Tarifas de transporte eléctrico

Pablo Tarca , director general de Transener -la principal empresa de transporte de energía en alta y media tensión del país- participó de la audiencia y aseguró que del año 2002 al 2024 la demanda creció un 117% mientras que el sistema de transporte creció tan sólo un 54%, lo que llevó a que en la actualidad se encuentre fuertemente saturado.

El ejecutivo de Transener explicó que esta situación “implica mayores costos de mantenimiento por el estrés y las exigencias del equipamiento. Un sistema saturado requiere una tarifa acorde para mantener la disponibilidad de equipos que están en servicio y también las ampliaciones para poder reducir los costos de despacho, abastecer el incremento de la demanda futuro, mantener niveles de seguridad y potenciar los desarrollos productivos”.

Frent e a esta situación, Tarca solicitó un ingreso de $249.970 millones anuales, a moneda de diciembre de 2023 para la compañía para poder operar y mantener el 100% de las líneas de alta tensión, estaciones transformadoras y demás sistemas asociados a cargo de Transener.

En ese sentido, detalló que el impacto en la factura final para un usuario catalogado como N1 u agrupado en la categoría R1 y R2 (el 75% de los usuarios residenciales se ubican en dichas categorías) sería de $239 y $855, cuyas tarifas finales se ubican cerca de los $12.000 y $37.000 respectivamente. “ La incidencia del incremento en la factura mensual del usuario final correspondiente al transporte sería menos del 2% ”, precisó Tarca.