Hasta febrero, la prioridad excluyente del Gobierno era el canje de la deuda. Y con razón, ya que sin su solución sería utópico encarar una recuperación de nuestra decadente economía. Sorprendió gratamente la responsabilidad con que Alberto Fernández encaró los problemas macro y en particular el de la deuda, por significar una actitud extraña a la tradición defaulteadora del peronismo, y más meritorio aun que lo haya hecho en un contexto en el que buena parte de la coalición gobernante es renuente a esas medidas.

Pero luego, ante la vertiginosa irrupción del Covid-19, las prioridades cambiaron y pasó a un segundo plano la emergencia económica. Ambas situaciones generan un cuadro de emergencia nacional inédito en nuestro país, del que podremos salir fortalecidos o perjudicados

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Las emergencias, si bien justificadas como las actuales, tienen un efecto paralizante en la economía, al no permitir ver el futuro a causa de una coyuntura excluyente. Paradójicamente, también generan condiciones propicias en la sociedad para un mayor intervencionismo del Estado, aunque este afecte sensiblemente sus libertades, derechos y garantías. Son razones de peso para salir de la emergencia apenas se pueda, por mas rédito político que le pueda brindar a la administración de turno circunstancialmente.

La pandemia del Covid-19 más temprano que tarde finalizará, y dejará secuelas complejas en las economías locales y en la geopolítica, a las que nuestro país no permanecerá ajeno. Entonces el Gobierno ya no tendrá pretextos basados en falsos dilemas y deberá dedicar todo su esfuerzo a recuperar al país. Pero ahora, la solución dependerá de decisiones propias que vuelvan confiable a nuestro país, antes que salir vanamente a buscar ayuda.

Son múltiples los campos de acción para la etapa posterior al coronavirus/deuda. Pero no habrá solución posible si no se resuelve el problema fiscal que genera el injusto, desmedido e ineficiente gasto público y si no se recupera la confianza del mundo en nuestro país. Ambos objetivos son condición insoslayable para que vuelvan la inversión y el ahorro, única forma de generar empleo, crecimiento y bienestar en la sociedad.

El problema es que esos objetivos son incompatibles con el cortoplacismo, requieren de tiempos a los que nuestra dirigencia y nuestra sociedad no están acostumbradas. Es un cambio cultural y de actitud que la post crisis, viral/deuda, puede facilitar y que el Gobierno debería encarar dejando de lado la especulación política. Es una oportunidad inédita postergada durante décadas por el populismo y que el presidente Fernández podría encarar con éxito ante el novedoso acatamiento de las distintas corporaciones -política, empresarial, sindical y piquetera- a las fuertes medidas que adoptó en pos del tema del canje.

Igual, el tema es complejo, ya que las medidas a implementar tienen costos políticos inmediatos y beneficios a largo plazo y de no mediar un amplio acuerdo político las estrategias de poder de este gobierno y de los próximos pueden jugar en contra. Pero más allá se la debacle que produjo en los precios del barril de petróleo la pandemia, y la ineptitud de los países productores en su solución, en el mediano y el largo plazo el sector energético argentino, por su potencial riqueza petrolera, es el indicado para atraer inversiones productivas y generar las divisas que necesita imperiosamente nuestra economía y para dar una señal concreta a los acreedores de factibilidad de pago de la deuda.

Sin embargo, en ese sentido se requieren cambios en la actitud del Gobierno para con el sector, en la mentalidad de la dirigencia política y en buena parte de la dirigencia empresarial y sindical. Y este sería el momento propicio para empezar.Para que el sector petrolero -con su nave insignia, Vaca Muerta- se ponga en marcha solo se requiere dejarlo funcionar respetando la ley vigente, sin el manoseo que otorgan las permanentes excepciones derivadas de las leyes de emergencia económica y que menoscaban las instituciones y la seguridad jurídica. A partir de 2003 se mantuvieron aquellas leyes, sin emergencias que las justificaran, para habilitar excepciones y discrecionalidad en los gobiernos kirchneristas. Ante la emergencia de la deuda, la actual administración reinstala la ley derogada en 2017. Confiamos en que ahora tenga una duración acotada, aunque será difícil, si el Gobierno se engolosina con el intervencionismo que imponen las actuales emergencias.

Las leyes de Newton, si bien pertenecen a la mecánica clásica de la física, pueden aplicarse al campo político-social donde funcione el intervencionismo, en particular su "principio de inercia", ya que el de "acción y reacción" no se aplica a una sociedad en estado de letargo. El principio de inercia dice: "Todo cuerpo (intervencionismo) persevera en su statu quo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él". Esa fuerza de cambio es la que deberían ejercer el Presidente y la oposición para darle certeza a la industria a futuro, independientemente del gobierno de turno.

El sector petrolero argentino, con Vaca Muerta y todo, es insignificante en el contexto mundial. Nuestra producción de petróleo es solo el 0,5% de la mundial, no obstante contar con el segundo recurso de gas natural y el cuarto de petróleo y además ser el principal país productor de shale oil & gas después de Estados Unidos. Son ventajas competitivas que no podemos desaprovechar, máxime ante la perspectiva del final de la era del petróleo dentro de 50 años.

El sector petrolero no saca recursos al Estado: se los aporta, y ese aporte podría crecer exponencialmente si se lo dejara funcionar libremente como establece la ley. El Estado debe terminar con su "ayudismo" de nefastas consecuencias en el mediano y el largo plazo. Con el barril de petróleo alto interviene o "ayuda" a la gente estableciendo un precio artificial interno o congelando los combustibles, y al caer el precio internacional, corre a "ayudar" a provincias y empresas inventando un precio sostén denominado "barril criollo". En cambio, si dejara de "ayudar", los precios de los combustibles acompañarían las fluctuaciones del mercado internacional y las empresas adoptarían políticas anticíclicas para soportar los tiempos de bajas excepcionales del valor del crudo, como las de hoy, y todo sucedería sin intervención del Estado, que estaría ocupado en recaudar la suculenta parte de la renta petrolera que le corresponde.

En la industria petrolera de la Argentina participan las empresas líderes internacionales con activos en todo el mundo. Muchas de ellas han realizado ingentes inversiones en el excepcional yacimiento de Vaca Muerta, que les han permitido comprobar sus bondades y factibilidades técnico-económicas, capacitándolas a avanzar en desarrollos a nivel industrial, una vez resuelta la factibilidad política. Paradójicamente, con todo ese potencial el sector hoy vive de lo nuestro, es decir, de los derivados que vende en el reducido mercado interno y con un delicado equilibrio en su balanza comercial.

Para que la industria prospere y el país aproveche la inmensa riqueza yacente a 3000 metros de profundidad será necesario lograr ser competitivos en el mercado internacional, en particular del gas natural en su forma LNG, o gas natural licuado. Y esto sería factible a partir de 8 o 10 años, si nuestra dirigencia política dejara de intervenir en el sector y aceptara renunciar a circunstanciales beneficios coyunturales en pos de un mediano y un largo plazo integrados al mercado mundial.

Hoy, las emergencias virales y de deuda distorsionan a los mercados doméstico y mundial, condicionando la acción. Por eso no es tiempo para que el Gobierno tome medidas, pero sí, para que dé las señales adecuadas para el día después. En ese sentido, debería rever lo hecho hasta ahora con la organización, los nombramientos y las intervenciones en el ámbito de la autoridad de aplicación del sector, que comprende a la Secretaría de Energía, los órganos regulatorios, las empresas del Estado e YPF. Es una mala señal, no solo para la reactivación del sector, sino de la económica toda.