Hay importantes problemas en la producción, en el transporte y en la distribución de energía que se cubren con fondos estatales

Plataforma de perforación de petróleo y gas en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en la provincia patagónica de Neuquén 

Entre los muchos problemas en que se sumerge la administración de la cartera energética, hay dos que cortan transversalmente la gestión: la falta de una política tarifaria clara y determinada y la ausencia completa de planificación de la infraestructura que incluye, puntualmente, la selección y priorización de las obras financiadas con fondos estatales. La particularidad del caso es que se trata, ni más ni menos, de las dos principales políticas públicas energéticas que debe afrontar un gobierno y que son pilares fundamentales de un plan energético.

El pasado 5 de agosto se publicó en el Boletín Oficial la modificación y ampliación del Presupuesto Nacional donde se reflejan claramente estas falencias en la regulación de los servicios públicos y en la ejecución de obras de infraestructura. El Presupuesto se incrementó por un total de $708 mil millones de los cuales $654 mil millones son para gastos corrientes y $54 mil millones para gastos de capital.

El sector energético ocupa el 18% del total de los nuevos gastos. Mayormente al sistema eléctrico que a través de Cammesa recibirá $90 mil millones adicionales, que equivale al gasto de la entidad en dos meses promedio. Los otros $28 mil millones son para financiar obras de gasoductos entre los que se encuentra el que unirá Vaca Muerta con la Provincia de Buenos Aires con un presupuesto aproximado de USD 500 millones a aplicar entre 2021 y 2022.

La modificación del Presupuesto refleja las consecuencias de no tener plan ni estrategia energética. Por un lado tenemos un sistema eléctrico y gasífero que demanda cada vez más fondos para poder prestar el servicio público de distribución, y por el otro tenemos un sector hidrocarburífero que no quiere ni puede tomar riesgos para invertir pero que demanda infraestructura. Es decir, hay importantes problemas en la producción, en el transporte y en la distribución de energía que se cubren con fondos estatales.

Esto implica que el Estado argentino asuma gran parte de los riesgos del negocio. Por ejemplo, en el caso del gas, se subsidia a los productores (Plan Gas) asegurándoles un precio a gran parte de la oferta, se subsidia la diferencia entre el precio doméstico de distribución y el de importación (IEASA), se financian inversiones con el impuesto a la riqueza (YPF/Ieasa) y otras inversiones privadas con fondos de ANSES y, a través del Presupuesto, a una ser de obras de infraestructura entre las que se encuentra el Gasoducto de Vaca Muerta. La suma por estos ítems alcanza los USD 2.800 millones por año hasta el 2022, es decir, USD 5.600 en total. (...)