Las muertes en la minería, la actividad más lucrativa de este país sudamericano, cayeron un 70 por ciento luego del rescate del 13 de octubre de 2010, pero ello no ahogó el descontento. Coincidencia o no, la realización de cientos de protestas este año instaló una crisis social y de representación política que algunos temen que haga emerger populismos en las presidenciales de 2013. "Hay una necesidad de cambios profundos", afirmó el ex presidente oficialista del Senado, Hernán Larraín, quien teme que surjan líderes desde fuera del sistema político, como sucedió en Perú o Venezuela.

¿Pero qué es lo que molesta a los chilenos que quitaron su apoyo al millonario Piñera y las élites políticas en sólo meses? ¿Por qué la hazaña de Atacama esfumó sus réditos políticos tan rápido? La desigualdad es el origen del malestar, coinciden todos los sectores. La misma desigualdad contra la que reclamaron los mineros al ser rescatados y denunciar las "condiciones inhumanas" de su trabajo. El nuevo ministro de Economía, Pablo Longueira, líder del mayor partido de gobierno, la Unión Demócrata Independiente, cree incluso que la inequidad es insostenible y que urge una reforma tributaria.

"Hemos escuchado el mensaje", dijo Piñera ante las protestas, debiendo nombrar dos gabinetes luego de su exitoso rescate de los 33 mineros atrapados en Atacama. En cifras, aunque Chile es miembro de la OCDE, el club de los países ricos, un 15 por ciento de su población, unos 2,5 millones de personas, viven en pobreza, según cifras oficiales. Los pobres, casi en su totalidad sin empleo formal o trabajo, reciben en promedio ingresos 78 veces inferiores a los ricos. El salario mínimo es 40 veces menor que la dieta de un senador. "Chile es un país dirigido por uno de sus dueños", ironizó el economista Hugo Fazio ante la situación, graficada en que la mitad de los hogares vive con menos de mil dólares mensuales.

En contraste, el ingreso del décimo más rico de los hogares asciende a 6.500 dólares mensual y el patrimonio de las diez familias más ricas a 75.000 millones de dólares, dos veces el PIB de Bolivia. En la centro izquierda, que estuvo en el poder entre 1990 y 2010, hay quienes creen que llegó el momento de un nuevo pacto político, que reemplace el construido al final de la dictadura de Augusto Pinochet. "Creemos que las formas cómo se está impulsando el diálogo, las relaciones políticas o cómo el sistema político reacciona ante las demandas sociales no están a la altura del siglo XXI", opinó el vicepresidente del Senado, el socialista Juan Pablo Letelier.

En el movimiento social, que impulsó este año protestas por temas ambientales, estudiantiles, regionales e incluso de transporte, el deseo es otro. "Queremos construir un sujeto político", reiteró la líder universitaria Camila Vallejo, quien movilizó a cientos de miles de personas a las calles de todo el país las últimas semanas. Pero el movimiento social aún es disperso, admiten sus propios líderes. Incluso hay sectores como la etnia mapuche que ni siquiera desean unir sus caminos a los chilenos en general. Ellos, que pelean por autonomía y tierras, reclaman también por la represión a sus comunidades, en actos policiales que han dejado incluso a menores heridos los últimos días. El resumen de todo, además del recuerdo de la misma tragedia y los conflictos actuales, parece ser la situación de los trabajadores cesados de la mina San José tras el derrumbe, quienes aún no terminan de cobrar su finiquito a un año de ser despedidos.

Fuente: Diario Río Negro

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