Esto, aun cuando sus precios sean más altos que los de compañías foráneas, con una tolerancia del 7% de diferencia. Entre otros puntos, también se exigirá la publicación de las licitaciones y sus valores en una página web. El Centro Pyme abrirá un registro para caracterizar a las firmas provinciales, que deberán cumplir ciertos requisitos y sostener niveles de calidad. El gobierno, en busca del derrame del segundo boom petrolero. En las oficinas públicas reina el optimismo: todos esperan el aluvión de dólares que llegará de la mano del segundo boom petrolero. Pero la mira no está puesta sólo en generar mecanismos para fomentar esas inversiones. El Ejecutivo también diseña estrategias para retener esa renta y que sus beneficios se derramen en la provincia.

El primer paso en ese sentido fue la reglamentación de la ley del compre neuquino petrolero, una norma que demoró más de dos años en ponerse en marcha y cuya letra chica recién se definió en diciembre pasado.  La nueva reglamentación -que ya está vigente aunque se trabaja en sus mecanismos finos- obliga a las operadoras de yacimientos petroleros y mineros y a las grandes contratistas a que el 60% de sus contratos de servicios quede en manos de pymes neuquinas. Incluso, exige que se respete este cupo aun cuando la cotización sea hasta un 7% más cara que la de las compañías foráneas.

Si la diferencia es mayor, las firmas pueden excusarse. A su vez, se creará un registro para incluir a las pymes locales. El mismo busca garantizar a las operadoras que se cumplirán los estándares de calidad exigidos, un tema que por estos días está en proceso de discusión tanto con las pequeñas como con las grandes empresas. El organismo encargado de aplicar esta norma es el Centro Pyme, que depende del Ministerio de Desarrollo Territorial, encabezado por Leandro Bertoya. Se trata de un ámbito atípico para temas petroleros, en general más vinculado a otras actividades como la agricultura o el turismo.

Esto se definió después de varias idas y venidas y de descartar al Ministerio de Energía de Guillermo Coco como autoridad de aplicación. Por lo pronto, el Centro Pyme ya armó un grupo de trabajo para aceitar esta normativa, al tiempo que lanzó una serie de encuentros con distintos operadores y prestadoras de servicios para dar a conocer la norma y escuchar sus opiniones.

Se aspira a un proceso más bien consensuado, aunque desde el organismo aclararon que la ley es prioritaria y deberá cumplirse. E&E pudo saber que algunas operadoras ya presentaron algunas dudas sobre la normativa. Hicieron foco en que deberán modificar sus mecanismos de contratación, algo que, previsiblemente, significará un aumento de costos. Pero esos costos más altos se traducirán en un mayor derrame de la rentapetrolera dentro de la geografía neuquina, un efecto deseable en un sector donde la participación extranjera es muy alta.

“Estamos manteniendo reuniones con las firmas del sector para informar y a su vez escuchar su opinión. Si existen críticas, queremos identificar si responden a que hay puntos que no son factibles por cuestiones operativas o el rechazo obedece a otras razones”, advirtió  Facundo López Raggi, gerente del Centro Pyme. “No queremos que sea tomado como un escollo”, sostuvo por su parte Javier Van Houtte, subsecretario de Producción. Indicó a su vez que se trabajará en forma paralela para generar programas de financiamiento y mejoramiento para las firmas pequeñas, aprovechando los nichos que quedan abiertos con esta nueva ley. “Queremos que el valor se derrame en innovación”, definió.

REQUISITOS

Uno de los primeros temas a discutir es cómo determinar qué pyme petrolera cumple las condiciones para acceder al cupo del 60% de contrataciones. Para ello, deberán obtener un certificado de “empresa neuquina”, que otorgará el Centro Pyme. Para acceder al mismo deberá cumplir los siguientes requisitos:

-Antigüedad de residencia de los dueños de 5 años.

-Que el 70% del capital societario sea de socios neuquinos.

-El cumplimiento de las normas nacionales, provinciales y municipales en seguridad e higiene.

-El cumplimiento de las normas existentes en políticas de medio ambiente y salud.

-El cumplimiento de las políticas de calidad exigidas por las empresas contratistas, así como la normativa aplicable al efecto.

Los beneficiarios no sólo serán empresas, sino que se considera a los profesionales independientes, comerciantes y empresas de bienes y servicios. En esta primera etapa de aplicación, se les pedirá a las pymes que entreguen una serie de papeles que acrediten estas condiciones. Más tarde se avanzará en otros criterios de inclusión que responden al nivel de exigencias que plantean las operadoras y a la capacidad de respuesta que deberán tener ante la demanda. Este último punto buscará ser consensuado entre ambas partes, pero la idea central, manifestaron desde el gobierno, es garantizar un nivel de prestaciones para no forzar a las operadoras a contratar servicios que no respondan a sus requerimientos.

OBLIGACIONES

A su vez, las grandes empresas de la cuenca neuquina tendrán sus obligaciones:

- Deberán otorgar prioridad en la contratación no menor al 60% de los servicios contratados y/o bienes locados o adquiridos. La letra fina de este punto aún está en elaboración. Es que, en algunos casos, es complicado cuantificar ese 60%, sobre todo para servicios indivisibles. Este es un tema por el cual la operadoras presentaron dudas, y por eso se busca una aplicación precisa que despeje la incertidumbre.

- Habiendo obtenido la preferencia en la contratación, la empresa contratante estará obligada a vincularse mediante contrato por tiempo determinado. El decreto reglamentario indica que, en caso de que su naturaleza lo permita, los acuerdos deberán darse por al menos por un año.

-Informar todos los contratos y licitaciones de forma previa en el ámbito de la Provincia del Neuquén. Es otro punto que seguramente generará rispideces. El artículo 16 de la ley del compre neuquino petrolero establece que deberá crearse una página web de libre ingreso público donde figure el listado de empresas certificadas y todos los contratos. Desde el Centro Pyme analizan esta opción, cuidando de que esa publicación no deje abierta las puertas a futuros reclamos legales. De hecho, la ley los faculta para exigir cualquier documentación que crean pertinente vinculada al tema.

Sobre este último punto, Van Houtte señaló que la idea es dar transparencia a todo el proceso y que sean los propios involucrados los que controlen la aplicación de la norma a partir de esos datos. “No vamos a poner un cuerpo de inspectores a que controle cada papel porque sería un despropósito”, indicó, aunque sí auditaremos la información exigida. En caso de incumplir la ley, la autoridad de aplicación podrá aplicar multas que van desde los 60 a los 500 mil pesos. Lo recaudado irá a un fondo de créditos productivos.

NUEVO PROGRAMA

A partir de la ley, el Centro Pyme sumó un nuevo programa destinado al sector hidrocarburífero. Sumará una oficina junto a otros sectores en los que ya se trabaja como el apícola, el acuícola o el forestal. Dentro del área, se pretende trabajar con las empresas del sector a partir de la asistencia técnica, la capacitación y el financiamiento, algo que ya se hace con otros sectores.