
Tras haber demostrado poder de fuego en la Cámara de Diputados del Congreso con la media sanción de la ley de Ganancias que resucitaba las retenciones mineras, el massismo vuelve a la carga con otra iniciativa que refuerza su mirada crítica sobre la actividad: pretenden que las provincias resignen la exclusividad del control ambiental y compartan la tarea con inspectores de Nación.
Frente a este planteo, el rechazo fue unánime tanto desde el Gobierno de San Juan como desde el oficialismo macrista a nivel nacional, por dos razones. La primera es que la explotación de los recursos naturales y su monitoreo son competencias no delegadas a la Nación y tienen rango constitucional. La segunda es que no se puede manosear más la legislación cuando se busca proyectar seguridad jurídica hacia los eventuales inversores externos, que miran con atención el escenario argentino.
La sanjuanina Florencia Peñaloza, diputada nacional de contacto directo con Sergio Massa, abrió el juego el lunes 19 de diciembre en Canal 13, cuando volvió a defender el regreso de las retenciones mineras y lanzó la controvertida afirmación: "Necesitamos un marco de control a nivel nacional de la minería para que los sanjuaninos estén tranquilos”.
Y fue más allá: "Hemos tenido muchas reuniones en la Comisión de Minería respecto de hacer un cierto marco o acuerdo con todas las provincias a los fines de tener ciertos recaudos para toda la actividad minera”.
Peñaloza es secretaria de la Comisión de Minería de la Cámara Baja y su discurso crítico no desentonó con el que esgrimió el propio Massa durante el debate por los recursos fiscales que genera la actividad productiva. En el mismo sentido se expresó el jueves 22 de diciembre el diputado Facundo Moyano, durante el lanzamiento del espacio "Somos San Juan”, que competirá en las legislativas nacionales del año próximo. (…)
Fuente: Tiempo de San Juan
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