El gobierno descongelará las tarifas de luz y gas a partir de marzo de 2021, dijo el secretario de Energía, Darío Martínez, quien adelantó que habrá "una tarifa de transición" para amortiguar los aumentos en los sectores más vulnerables.

Para las organizaciones de defensa del consumidor, se trata de un anuncio preocupante.

Son varias las razones. Silvana Szmukler, de la Red Nacional de Multisectoriales y de la Asociación Civil por la Difusión y Promoción de Derechos e Inclusión Energética, subrayó: "Nos preocupa el descongelamiento porque los servicios públicos son derechos humanos" y apuntó a "la segmentación tarifaria que plantea el secretario de Energía, ya que es una línea compleja de transitar".

Hay que tomar en cuenta que el descongelamiento se hará cuando la economía seguirá golpeada por los efectos de la pandemia de coronavirus.

Szmukler plantea que "mayor consumo no significa mayor poder económico", en referencia a los barrios populares del Conurbano bonaerense en los que la falta de gas de redes se suple con electricidad.

Por esto, la segmentación "debería plantearse caso por caso", indica.

Ante la finalización del congelamiento tarifario, considera que lo importante "es estar cerca de la gente y llevar nuestra voz a los lugares donde podamos tener incidencia".

Para Adrián Ganino, director de Comercio y Defensa al Consumidor de la Municipalidad de San Martín, el proceso de descongelamiento debe estar enfocado desde dos ángulos.

"El primero es incluir una tarifa de transición que contemple los aumentos desproporcionados del tarifazo del macrismo y la situación actual de los usuarios endeudados durante ese período, no pudiéndose aplicar aumentos por encima de la inflación proyectada en el Presupuesto Nacional". El segundo aspecto es "rediscutir a través de audiencias públicas el nuevo cuadro tarifario, a aplicarse en los servicios públicos domiciliarios, para lo cual es fundamental contar con información precisa de las inversiones efectuadas por las empresas y los costos de producción y de distribución", así como también sobre la "capacidad de pago de los usuarios, a los fines de que los subsidios también sean aplicados en un sentido de solidaridad y equidad".

Ganino opina que durante 2020 "el gobierno nacional tomó decisiones fuertes y de protección a los usuarios en materia tarifaria, diferenciándose claramente del gobierno de Macri y cuidando el bolsillo de los consumidores".

En ese sentido, consideró que "ese es el camino que se debe continuar, con un Estado presente, que acompañe al consumidor y a los usuarios".

Fernanda Lacey y Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, consideran una tarea difícil "revertir todo el tarifazo macrista de cuatro años". Al igual que Ganino y Szmukler, elogian el congelamiento y la intervención de los entes reguladores, además de las denuncias penales contra el exministro Juan Aranguren y la anulación del traspaso a los usuarios de los efectos de la devaluación. (...)