El potencial hidrocarburífero del mar argentino es uno de los grandes enigmas en la industria petrolera global, y así quedó en evidencia ante la gran cantidad de empresas de primer orden mundial que se presentaron en 2019 en la Ronda 1 que realizó Argentina para comenzar a estudiar qué hay debajo del subsuelo marino.

Sin embargo, el 2020 dejó un sabor bien amargo para las empresas que forman parte de las 18 concesiones que se otorgaron en el último año de la gestión de Mauricio Macri, dado que a lo largo del año pasado no hubo casi avances en los estudios del potencial.

Ese freno no se debió a la pandemia generada por el coronavirus, que sin dudas trastocó todos los planes de las empresas, incluidas las del offshore. Sino que todas las miradas apuntan a los estudios de impacto ambiental como el gran freno que tuvo y sigue teniendo la exploración del mar argentino.

En abril de 2019 el gobierno nacional abrió la primera ronda de licitación de áreas exploratorias en tres cuencas del mar nacional. Se trató del primer proceso de ese tipo que se realizó en décadas y capturó el interés de las grandes compañías del segmento.

Sobre un total de 38 bloques en carpeta se recibieron 23 ofertas y en mayo de ese año se adjudicaron 18 concesiones de exploración en las cuencas Malvinas Oeste, Argentina Norte y Austral, que implicaron compromisos de inversión de 724 millones de dólares.

Entre las empresas adjudicatarias se encuentran algunas de las majors del segmento como son la noruega Equinor que capturó 7 áreas, Qatar Petroleum (QP) con cinco concesiones, la compañía francesa Total, ExxonMobil y la inglesa Tullow, a partir de la cual se entabló un reclamo judicial.

Pero también fueron adjudicatarias la angloholandesa Shell, la alemana Wintershall DEA, y la inglesa BP, la japonesa Mitsui y la italiana Eni y las nacionales YPF, Pluspetrol y Tecpetrol.

Las concesiones para la exploración de los bloques fueron otorgadas por un plazo total de 13 años para que las empresas puedan realizar los estudios exploratorios y recién tras 8 años se enfrentarán a la etapa en la que se les requiere la realización de, al menos, un pozo exploratorio.

Previamente a esto el primer paso que las firmas debían dar era completar los estudios sísmicos que se realizaron en la zona entre 2018 y 2019 y que en no son menores ya que los 18 bloques concesionados abarcan una superficie de casi 200.000 kilómetros cuadrados. Pero aquí es donde las fuentes consultadas por Energía On advirtieron que estuvo la traba del proceso.

Para poder iniciar los extensos estudios de sísmica de la zona las empresas debían primero presentar los correspondientes estudios de impacto ambiental de tales trabajos.

Esos estudios se presentaron el año pasado pero a la fecha no fueron ni aprobados ni desaprobados y puertas adentro del gobierno aseguran que se debe a una interna entre las facciones políticas de la gestión que lideran Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. (...)