Ahora que el gobierno nacional se cortó solo y decidió darle a Enarsa , una empresa estatal, el manejo de las hidroeléctricas que funcionan sobre los cursos de los ríos Limay y Neuquén, sin participación de las provincias, recrudece un viejo conflicto que hasta la década del 90 tuvo de un lado a Neuquén y Río Negro, y del otro, a Hidronor . Hidronor fue al mercado eléctrico lo que YPF significó para el mundo petrolero: empresas del Estado nacional que explotaban recursos naturales de las provincias sin darles demasiada participación y para atender la demanda de otras zonas del país. El MPN sostuvo como sustento de su discurso federalista este eterno reclamo.

 Fue Hidronor la empresa pública nacional la que construyó todas las obras hidráulicas de esta cuenca, la más importante del país porque nace y termina en territorio íntegramente argentino. Con la incorporación de representantes de Neuquén y Río Negro en su directorio, y la creación de un área de Intereses Regionales, las provincias pudieron tener mayor injerencia, pero nunca se perdió esa tensión entre los que explotan los recursos naturales y los gobiernos de las dos provincias. Las privatizaciones cambiaron todo . 

Los actores dejaron de depender del Estado nacional y, encima, en 1994 la Constitución le dio a las provincias el dominio de sus ríos y sus hidrocarburos , que hasta entonces pertenecían a la órbita federal. Esas privatizaciones tienen contratos (fueron concesiones, no ventas) que cesan a partir del 11 de agosto que viene. Las provincias reclamaron un comanejo de las hidroeléctricas pero la secretaría de Energía de la Nación decidió recuperar el control de esas empresas para darle la operación y mantenimiento, por ahora, a Enarsa. 

Pero no será sencilla la transición. ¿Por qué? Veamos: 

• A las provincias les corresponde el 15% del total de las ventas de energía en concepto de regalías (en el caso de las obras que están sobre el Limay 12,5% a cada una). Pero en la realidad, esa proporción se toma sólo de una parte de lo que las concesionarias actuales reciben como remuneración, que consta de cuatro componentes: potencia disponible mensual, energía generada, energía operada y energía generada en las horas de punta, que son los períodos del día de mayor demanda. Neuquén y Río Negro presionarán fuerte para que el 15% se liquide sobre el total y no sobre dos de esos componentes. 

• Con la privatización, se crearon dos organismos. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) es la que controla el manejo del agua y está integrada por el ministerio del Interior y las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, que son las que comparten el área de influencia hídrica. 

El Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) debe velar por la integridad de las obras de ingeniería, que tienen, como en el caso de El Chocón, más de medio siglo de vida. Ambos funcionan gracias al financiamiento de una parte de la facturación de las concesionarias, pero como con las regalías, ese porcentaje se calcula sobre apenas una parte de lo que reciben como remuneración las empresas. 

Eso debería cambiar, según las provincias. • Canon por el uso del agua. Todos los que utilizan el agua de los ríos y de los cursos subterráneos deben tributar un canon a las provincias . Pero las hidroeléctricas no lo hacen. Los gobiernos de Neuquén y Río Negro reclaman que esta normativa se les aplique. • Como son concesiones que dio la Nación de obras que construyó el Estado central, y como el mercado eléctrico mayorista está regulado por un ente nacional, ni la AIC ni el Orsep pudieron ejercer el poder de policía completo. Sí lograron que normas básicas se cumplieran (manejo de los caudales, aunque en parte, y auditorías de ingeniería independientes) pero nunca fueron reconocidos como autoridad para sancionar.