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A partir de 2009 dos empresas mineras trasnacionales comienzan gestiones para la instalación de proyectos extractivos de litio en territorios ancestralmente habitados por comunidades kollas y atacamas: Salar de Olaroz (departamento de Susques, Jujuy) y Salinas Grandes (límite entre Jujuy y Salta). Si bien los dos conjuntos de comunidades se encuentran geográficamente muy cercanas entre sí y presentan tradiciones culturales y contextos institucionales similares, los procesos desencadenados resultaron en respuestas divergentes respecto de la instalación de los proyectos.
Por un lado, las diez comunidades de influencia del proyecto Sales de Jujuy (Olaroz) dieron su aprobación para la explotación y la empresa se encuentra extrayendo y exportando litio desde diciembre de 2014. De esta manera, la empresa Sales de Jujuy logró cierta legitimidad que le permite funcionar e integrar marginalmente a las comunidades de Olaroz en sus operaciones.
En contraste, en la cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatoyoc, las 33 comunidades que habitan el territorio ( Salinas Grandes) se opusieron al ingreso de la empresa minera South American Salars, reclamando la implementación de una consulta previa mediante un mecanismo institucional elaborado por los propios comuneros.
A partir de la creciente demanda china y el incremento inédito del precio de las commodities en las últimas dos décadas, se produjo una revalorización de los productos primarios y del atractivo y las ventajas de su explotación para los países de la región.
Con todo, este “retorno del auge de los productos primarios” coincidió con la inclusión de la protección del ambiente y el reconocimiento de derechos específicos de los pueblos indígenas en las agendas públicas.
En la práctica, esto genera una tensión entre un marco normativo protector de los derechos indígenas y un avance de proyectos de explotación de recursos naturales en territorios ancestrales.
En consonancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el artículo 75 de la Constitución argentina reformada en 1994 establece la preexistencia étnica y cultural de las comunidades de pueblos originarios y el reconocimiento tanto de su personería jurídica como de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, la Constitución respalda la participación de las comunidades de pueblos originarios en la gestión de sus recursos naturales.(...)
Fuente: Página 12
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