El debate ciudadano sobre el desarrollo energético en la región Latinoamericana, sería fundamental para generar cambios en una situación caracterizada por la apertura a la inversión de las grandes empresas transnacionales dedicadas a la extracción intensiva de recursos naturales que estaría agudizando problemas como la inequidad social, la degradación ambiental, la destrucción de territorios y el detrimento de las economías locales. Pese a la promoción de la recuperación y control estatal de los combustibles fósiles en países como Bolivia, el redireccionamiento de políticas para minimizar el impacto de la exportación sobre el consumo interno en Argentina, y la profundización del desarrollo de alternativas poco sustentables, como los agrocombustibles, en Brasil, los gobiernos han sostenido la apertura del mercado energético latinoamericano, favorable a la inversión de las grandes empresas transnacionales.

La apreciación corresponde a Sara Larraín y María Paz Aedo, en el marco del documento denominado Política Energética en América Latina: presente y futuro, publicado con el apoyo del International Forum on Globalization (IFG) e Institute For Policy Studies (IPS), a finales de 2008 y que hoy es un insumo importante para interpretar la realidad actual del sector. El estudio ofrece un amplio análisis sobre la situación del sector energético, emergente del sostenido proceso de apertura económica, privatización y transnacionalización de los recursos naturales, bienes y servicios promovidos por los gobiernos de América Latina, para sostener el incremento del PIB; junto a políticas de uso intensivo y exportación de recursos naturales, que habría incidido fuertemente en el desarrollo energético regional.

“Estas políticas, lejos de resolver los desafíos socioambientales y las necesidades de desarrollo económico en América Latina, han perpetuado e incluso, intensificado, problemas como la inequidad social, la degradación ambiental, la destrucción de territorios y el detrimento de las economías locales en muchos países, generando niveles de conflictividad creciente entre el Estado y los ciudadanos”, sostiene el documento. Asimismo, agrega que: “La energía, como insumo fundamental de sectores energo intensivos y de las economías exportadoras, se ha convertido en un sector especialmente atractivo para la inversión extranjera”.

Asegura que recursos energéticos como el petróleo, el gas natural y los abundantes recursos hídricos de la región despertaron el interés de las empresas transnacionales como REPSOL, ENDESA, IBERDOLA y AES-GENER, por citar algunas, remarcando que las políticas sobre propiedad y manejo de los recursos naturales, entre ellos los energéticos, han estado dirigidas a conformar un área de creciente interés político y movilización en los movimientos sociales y la sociedad civil.

LEVANTAMIENTOS SOCIALES

El documento refiere que los levantamientos sociales en países ricos en recursos energéticos como Bolivia, Ecuador y Venezuela, condujeron al poder a representantes que, en algunos casos, ofrecían explícitamente nacionalizar y cambios en la gestión de los recursos energéticos. “Con dispares resultados, mientras algunos gobernantes promovían la recuperación y control estatal de los combustibles fósiles (Bolivia), otros reorientaban sus políticas para minimizar el impacto de la exportación sobre el consumo interno (Argentina), y algunos profundizaban el desarrollo de alternativas poco sustentables, como los agrocombustibles (Brasil).

Sin embargo, como tendencia dominante, los gobiernos han sostenido la apertura del mercado energético latinoamericano, favorable a la inversión de las grandes empresas”, puntualiza. Agrega que en este contexto países como México, Colombia, Perú y Chile, continuaron su estrategia de apertura y liberalización; mientras que los países con menor participación en el mercado de fuentes convencionales siguieron su tendencia habitual sin mayores turbulencias, como el caso de Paraguay, las naciones de Centroamérica y Ecuador.

PROBLEMAS SIN RESOLVER

Larraín y Paz sostiene que, no obstante, los problemas energéticos de la región, no fueron resueltos a cabalidad por ninguna de las estrategias anteriores. “Aunque es posible adherir a las estrategias de renacionalización -como mecanismo fundamental para la recuperación de la soberanía sobre recursos estratégicos-, la composición de la matriz energética latinoamericana, basada principalmente en la producción de energía a partir de fuentes contaminantes, orientada al abastecimiento de la gran industria de commodities, el sector transporte y la generación de electricidad, sigue siendo poco sustentable y altamente costosa, en términos sociales, económicos y ambientales”, precisa. De acuerdo al criterio de Larraín y Paz esto habría reproducido, por lo menos al momento de la conclusión de dicho estudio, el paradigma dominante que justificaría la prioridad del crecimiento económico como única vía de desarrollo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“En este contexto, la única alternativa que permitirá generar cambios fundamentales en la actual situación energética regional es la promoción de mayor participación ciudadana en el debate sobre el curso del desarrollo energético, profundizando la democratización del diálogo hasta ahora cerrado entre empresas y gobiernos”, sostiene. Asimismo, considera importante la participación directa sobre la gestión política y las perspectivas de reformas en base a criterios de sustentabilidad ambiental, política y social.

“Aún considerando la particularidad de cada comunidad y nación latinoamericana, los desafíos regionales y globales que enfrentamos a inicios del siglo 21 -tales como el cambio climático, las restricciones en el acceso a fuentes de energía, la pobreza y desigualdad y el deterioro de ecosistemas y territorios-, hacen necesaria la articulación de una estrategia desde la sociedad civil, para la transformación radical de la matriz energética y del modelo de desarrollo vigente”, asegura. Enfáticamente sostiene que sólo una transformación sustantiva de ambas esferas –estrechamente relacionadas- permitirá a las comunidades latinoamericanas asegurar su supervivencia, coexistencia armónica y gobernabilidad democrática en las naciones y territorios que habitan.

CRÍTICAS A LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA

En este marco, sostiene que los proyectos de expansión energética en América Latina han estado orientados a favorecer los negocios de extracción y la venta de energía. “Las iniciativas de infraestructura para la integración, promovida por los gobiernos de la región con el apoyo de instituciones financieras intermediaras (IFIs), aspiran al incremento de la explotación e intercambio de recursos naturales, incluyendo los recursos energéticos”, subraya.

“Las propuestas de integración promovidas por las IFIs, la Unión Europea y Estados Unidos, como aquellas impulsadas por los gobiernos de la región, se enmarcan en el paradigma de desarrollo vigente, donde se prioriza la integración para los negocios energéticos por sobre la búsqueda del bienestar de los pueblos”, agrega. Sin embargo, el estudio refiere que los proyectos de integración energética en la Región han encontrado múltiples escollos para su concreción, razón por la cual se desarrollan lenta y paulatinamente, a diferencia de la velocidad con que se concretan iniciativas de libre comercio.

Indica que según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad responsable de promover y asesorar iniciativas de liberalización e integración comercial en la región, los principales requisitos para avanzar en esta dirección dentro del sector energía son, entre otros, adoptar un método de compra y venta de energía, basado en reglas transparentes y no discriminatorias además de eliminar subsidios directos o indirectos a la generación o al precio de la energía.

Según el BID también sería importante adoptar tarifas de transmisión representativas de los costos de expansión y una metodología de expansión de la transmisión de cada país, que considere la generación y demanda del otro país como propias así como adoptar un grado razonable de homogeneidad, respecto a la desregulación de consumidores. El organismo internacional también recomienda convertir las operaciones de comercio internacional en un negocio abierto a empresas públicas y privadas, implementar un despacho de las transacciones internacionales por orden de mérito de precios o costos crecientes, asimilar la exportación a una demanda y la importación a una generación conectada en la interconexión internacional, creando de este modo un mercado nacional de fronteras abiertas.

De acuerdo al documento y al momento de conclusión del mismo, estas condiciones estaban lejos de concretarse en la región latinoamericana, sobre todo debido a la diversa realidad política, legislativa y económica de los países de la región involucrados en los diferentes proyectos de integración. “Sin embargo-acota-, las diversas iniciativas siguen abriéndose paso, con la venia de los respectivos Estados, si bien los énfasis varían según la orientación política de los gobiernos de turno”. Este estudio refiere que algunos de los macro-planes de integración que amparan los de interconexión energética en América son: el Plan Puebla Panamá-PPP; la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana – IIRSA; el Anillo Energético Sudamericano y el Gasoducto del Sur. El Plan Puebla Panamá (PPP) y el Sistema de Integración Eléctrica para América Central (SIEPAC).

El Plan Puebla-Panamá (PPP) es un megaproyecto de integración económica que, bajo el discurso de desarrollo para la región mesoamericana, pretende intensificar la extracción de los recursos naturales y remover obstáculos sociales. Involucra a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Colombia, y ha sido fuertemente promovido por Estados Unidos y las IFIs. El PPP actualmente tiene una cartera de 99 proyectos con una inversión total de US$8.079,89 millones (8 ejecutados, 50 en ejecución y 41 en proceso de financiamiento). Contempla proyectos de integración de infraestructura energética, comercio, telecomunicaciones y transporte. En el área energética contempla gasoductos, oleoductos, refinerías y represas hidroeléctricas.

La principal apuesta del PPP es la construcción de una serie de corredores multimodales de norte a sur y de costa a costa del istmo centroamericano. Se muestra como oportunidad estratégica para abrir los mercados locales poniendo a disposición los recursos naturales, con gran rentabilidad para las empresas transnacionales y grandes impactos para las comunidades y los ecosistemas locales. El objetivo del PPP es allanar el camino para el ingreso masivo de gran capital, creando un marco regulatorio eléctrico único para toda la región, con un solo administrador, una sola empresa, una sola red integrada y asegurar el acceso a los recursos hídricos y al gas natural.

Contempla un mercado regional petrolífero (incluye establecer una refinería en Centroamérica); un mercado regional de gas natural (incluye un gasoducto centroamericano); un mercado regional de electricidad, MER (plantas térmicas, hidroeléctricas e interconexión); fomento de energías renovables y eficiencia energética (incluye agrocombustibles); y un marco regulatorio regional (homologación de normas energéticas y regulaciones ambientales).

Uno de los proyectos más avanzados del PPP es la interconexión bajo el Sistema de Integración Eléctrica para América Central (SIEPAC), coordinado por Guatemala. Con esta iniciativa se espera un sostenido aumento de los costos energéticos para financiar los grandes proyectos, lo que muy probablemente será trasladado a los usuarios a través de alzas de tarifas. Además, la construcción de la línea de interconexión significará deforestación a lo largo de todo el tendido eléctrico, afectando ecosistemas y comunidades locales no beneficiarias de dicha infraestructura.

Fuente: Hidrocarburos Bolivia

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