El IAE General Mosconi ha difundido un comunicado de prensa que contiene fundamentos de su posición contraria a las acciones del Gobierno Nacional ejercidas el reciente 16 de abril, que mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia interviene compulsivamente la compañía YPF y, a través de un proyecto de ley, propone expropiar el 51% de las acciones de Repsol en la empresa.

COMUNICADO DE PRENSA

LA POSICIÓN DEL IAE GRAL. MOSCONI FRENTE AL PROYECTO DE LEY DE EXPROPIACIÓN DE YPF

A nuestros Asociados y a la opinión pública en general:

El Poder Ejecutivo Nacional ha tomado en la semana del 16 de abril p.p. dos decisiones trascendentes para el funcionamiento del sector energético argentino, cuyo impacto político y económico afecta a toda la economía y tiene alto impacto internacional. Estas acciones son: 1) la intervención sin orden judicial de la empresa YPF y el reemplazo de sus actuales dueños; y 2) el envío al Congreso Nacional de un Proyecto de Ley para la expropiación por causa de utilidad pública del 51% de las acciones de esa empresa en poder de Repsol.

Los anuncios se realizaron por cadena nacional mediante un discurso de la Presidenta de la Nación, ante un auditorio colmado de funcionarios del gobierno, empresarios y sindicalistas. No había sin embargo dirigentes políticos de la oposición parlamentaria que avalaran con su presencia los anuncios.

LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO COMO EMPRESARIO EN EL SECTOR ENERGÉTICO

La participación del Estado argentino nuevamente y después de 20 años en el capital y en el manejo de una compañía del sector energético es una buena idea que forma parte de las mejores tradiciones y doctrinas con las cuales el sector energético argentino se desenvolvió desde el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907.

En esa práctica y en esa doctrina nacional se inscriben los gobiernos del propio Presidente Figueroa Alcorta que sentara las bases doctrinales con la declaración de la Reserva del área fiscal en 1907 para el Estado Nacional en donde se había producido el descubrimiento, y la creación de la Dirección Nacional de Hidrocarburos en 1908, primera antecesora de lo que más tarde sería Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Con posterioridad, esa doctrina continuó con los presidentes Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, que crearon la YPF actual bajo la dirección emblemática de Enrique Mosconi. Esa tradición perduró –como implícita política del Estado argentino-, hasta lograr posicionar a Argentina como un país autosuficiente en el año 1989, bajo la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín. Ochenta y dos años, y una continuidad de políticas y enfoques con matices diversos fueron necesarios para consumar esta hazaña de la que nos sentimos – como argentinos- legítimamente orgullosos.

Sin embargo nuestro Instituto, que ha analizado con sus especialistas el tema en sus más mínimos detalles, a veces imperceptibles para los legos, estima que el proyecto de ley de expropiación de YPF, tal como fue presentado y es implementado por el gobierno, es contraproducente y no reúne los requisitos necesarios para revertir la decadencia petrolera y gasífera de nuestro país, recuperar los niveles de producción y reservas de hidrocarburos compatibles con el largo plazo, incentivar la exploración en las cuencas tradicionales y no tradicionales, ni atraer las inversiones indispensables para alcanzar el autoabastecimiento proclamado como objetivo del Estado argentino.

Un tema no menor es que los fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia de la intervención del 16 de abril de 2012, que con pequeñas diferencias se repiten en el Proyecto de Ley enviado al Congreso, contienen errores conceptuales, afirmaciones inexactas y no ponen de manifiesto que el Poder Ejecutivo haga autocrítica alguna sobre su errónea política energética en los últimos 8 años.

El mecanismo de expropiación por causa de utilidad pública en curso de implementación se considera hostil y confiscatorio y prevemos que tendrá altos niveles de litigiosidad futura y desprestigio internacional.

Dentro del contexto precedente, la Comisión Directiva del IAE Gral. Mosconi entiende que no basta para aprobar las acciones gubernamentales en curso de implementación el hecho de que se esté de acuerdo con que el Estado Nacional vuelva por sus fueros comprando una parte de las acciones de YPF. Nuestra posición institucional es que dichas acciones nunca debieron ser privatizadas de la forma que lo fueron, lo que provocó la desintegración de un sistema petrolero ampliamente exitoso para nuestro país.

Como consta a nuestros asociados y dan cuenta de ello nuestras publicaciones y nuestras declaraciones públicas, nuestro Instituto se opuso a las privatizaciones de YPF en 1992 y a su extranjerización definitiva en 1998; también a las privatizaciones de Gas del Estado y otras empresas estatales, que se hicieron al amparo de concepciones ultraliberales que demostraron ser erróneas y nefastas para nuestra economía. Sin embargo, nuestras posiciones históricas y permanentes en defensa de YPF y de lo nacional no nos deben impulsar a apoyar cualquier proyecto.

Tampoco basta para para apoyar una medida trascendente de esta naturaleza que la opinión pública sensibilizada por la propaganda oficial y acicateada por discursos nacionalistas y efectistas y sin contenido demuestren una alta aceptación de la medida. Los apoyos no fundados en la razón no son conducentes en una República.

El Instituto estima que para apoyar una medida de esta naturaleza, cuyos fines pueden ser compartidos, se debe, muy especialmente, ponderar adecuadamente el método que se pretende utilizar, los modos de accionar, las personas que intervienen y los fundamentos por los cuales la medida se implementa.

El análisis sistémico nos muestra que:

1) La intervención a la empresa se realiza con métodos propios de una situación de emergencia que no existe; el método de recurrir a un DNU es improcedente e injustificado.

2) La Compra es hostil y se realiza con los modos propios de una confiscación en vez de los propios de una expropiación por causa de utilidad pública.

3) Los fundamentos del proyecto de ley carecen de lógica y de sustento técnico; en algunos casos las afirmaciones son parciales, en otros, son inexactas.

4) El gobierno no ha explicitado, ni siquiera en forma preliminar, un Plan de Negocios alternativo al que la empresa ejecuta en la actualidad para justificar su decisión irrevocable de promover la expropiación.

5) El gobierno no aporta elementos que permitan cuantificar el precio de adquisición de la compañía ni la forma en que este se va a liquidar, ni de dónde van a salir los recursos para afrontar la compra.

6) Por otro lado, entendemos discriminatoria e injusta la no inclusión de todas las provincias argentinas en la distribución del paquete accionario, siendo que en el proyecto en cuestión asume la Nación los derechos sobre el control de la empresa, con costos y beneficios a cargo de la totalidad del pueblo argentino. ¿Por qué YPF debería ser propiedad sólo de las provincias productoras y no de las provincias consumidoras y refinadoras, que también contribuyeron solidariamente a su capitalización desde su creación?

7) Recordamos que las provincias productoras ya fueron propietarias del 39% de las acciones de YPF después de 1992 y extranjerizaron todas sus tenencias.

Por lo anterior, el IAE GRAL. MOSCONI estima que el proyecto integral del gobierno que –repetimos– se integra con tres elementos debidamente interrelacionados: (Conferencia de Prensa de la Presidenta de la Nación del 16 de abril, DNU de la Intervención de YPF y Proyecto de Ley de Expropiación por utilidad pública del 51% de YPF S.A), no debe ser acompañado.

LA PROPUESTA ENERGÉTICA DEL IAE GRAL. MOSCONI

La crisis energética, con su correlato en el aumento ya insostenible de las importaciones energéticas, derivados de la falta de inversión en el sector energético por el inadecuado rumbo adoptado, es insostenible y requiere de un cambio drástico de política y la adopción de instrumentos que van más allá de la expropiación de la parte mayoritaria de la empresa YPF, que hoy explica sólo un tercio de la responsabilidad del sector.

Desde el IAE Gral. Mosconi hemos venimos advirtiendo a través de múltiples medios durante todos estos años en la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas implementadas, que en definitiva llevaron al sector energético en general, y a los hidrocarburos en particular, al actual estado de situación. La negación oficial de los problemas fue una constante.

Hace falta contar con un andamiaje normativo, institucional, de planificación y de regulación y control, que permita una corriente inversora, en magnitud y calidad, para comenzar a revertir la grave caída sufrida en la producción y reservas de hidrocarburos y en la capacidad de elaboración de derivados.

En forma sintética proponemos las siguientes medidas, como paso previo a cualquier decisión:

- Sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos y adecuación del Marco Regulatorio del Gas.

- Auditoría integral e independiente de todas las Concesiones de Explotación y Permisos de Exploración.

- Creación de una Agencia Nacional (o Federal) de Petróleo, Gas y Biocombustibles con el fin de fiscalizar, controlar y transparentar la actividad.

- Revertir a sus concedentes, conforme a las pautas que establece la ley, aquellas Concesiones o Permisos que no hayan cumplido con los compromisos asumidos.

- Retirar las áreas off-shore de la jurisdicción de ENARSA y pasarla al ámbito de la Agencia para su licitación o transferencia a una Empresa Nacional de Petróleo.

Las inversiones que se requerirán en el sector hidrocarburos para reactivarlo y poner en marcha los proyectos necesarios serán cuantiosas y no se obtendrán fácilmente si los posibles interesados en estos negocios de riesgo no vislumbran un clima previsible y confiable. Dentro de este nuevo contexto existe espacio para la participación del Estado como empresario en el sector de los hidrocarburos.

CONCLUSIÓN

El Instituto se ha manifestado sobre esta trascendente cuestión a través de las exposiciones de sus integrantes en múltiples foros y por diferentes medios: en nuestra página web (www.iae.org.ar), por la prensa oral y escrita mediante artículos firmados y reportajes. Ha participado también en la Audiencia Pública en el Senado de la Nación del 10 de abril ppdo., y ha participado y expuesto en el plenario de Comisiones del Senado realizada el 18 de abril ppdo., etc.

En todos esos foros hemos manifestado que las acciones del Poder Ejecutivo puestas en marcha el pasado 16 de abril y aún las acciones previas que incluyeron la caducidad de concesiones petroleras, cuya finalidad es la de retomar participación accionaria del Estado en la empresa YPF, no garantizan la reversión de la tendencia declinante de la producción petrolera y gasífera de nuestro país. No se inscriben, como sería deseable, en una Política de Estado con amplio consenso que asegure su continuidad; no dan indicios respecto a que se produzca a partir de ello el cambio en los modos de gestión, en la legislación energética y en la organización sectorial, que juzgamos imprescindibles para cambiar el statu quo de la decadencia. También se realizan con medios y modos reñidos con la legislación vigente. En consecuencia el Instituto entiende que no deben ser apoyados ni alentados a menos que sean profundamente modificados en una amplia negociación política.

Firmado:

La Comisión Directiva del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

-23 de abril de 2012-

Fuente: IAE - Instituto Argentino de la Energía

3417 lecturas | Ver más notas de la sección Notas Destacadas