Hay propuestas que no se comprenden por las contradicciones que encierran: el Gobierno anunci贸 que buscar谩 modificar la ley de glaciares para favorecer a la miner铆a.

La sensibilidad del tema recuerda la acalorada discusi贸n que se mantuvo hace casi diez a帽os en el Senado de la Naci贸n cuando se trat贸 el proyecto de ley de presupuestos m铆nimos para la protecci贸n de los glaciares, que establece la protecci贸n de los glaciares y periglaciares, y la prohibici贸n de actividades que pudieran afectarlos.

La ley, que hab铆a recibido la aprobaci贸n un谩nime de ambas c谩maras en 2008, fue vetada por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien asegur贸 que los gobernadores de la zona cordillerana manifestaron que la norma "afectar铆a inversiones y puestos de trabajo". El caso, conocido como "veto Barrick", parec铆a responder a una reuni贸n que tuvieron d铆as antes, en Nueva York, N茅stor Kirchner y Julio De Vido, con los directivos de la empresa Barrick Gold.

Las similitudes de aquel veto con este nuevo anuncio, fundado en el reclamo del sector minero que asegura que la ley actual frena inversiones, son sorprendentes y alimentan una misma duda: 驴la funci贸n del Gobierno es proteger los glaciares o la industria minera?

La sustentabilidad exige coherencia. Encaminar el pa铆s hacia un desarrollo arm贸nico con la naturaleza implica defender las relaciones de largo y mediano plazo por sobre lo coyuntural. Es cierto que resulta tentador favorecer actividades que inyecten recursos al pa铆s cuando se ponen en riesgo recursos que, en el caso de ser afectados, s贸lo har铆an visibles sus impactos muchos a帽os despu茅s de que los actuales administradores abandonen sus cargos. Por eso es necesario consensuar una visi贸n sobre el pa铆s que se quiere construir -o reconstruir contemplando la protecci贸n actual y futura de los elementos esenciales de los que depende el bienestar de las generaciones actuales y las futuras. Quiz谩 por eso ser铆a tan beneficioso contar con una planificaci贸n estrat茅gica del uso de los recursos en nuestro territorio consensuada de modo transparente y abierta con todos los intereses involucrados, para que los aspectos esenciales que hacen a nuestro porvenir no puedan ser negociados, seg煤n las necesidades de cada gesti贸n, de espaldas a la sociedad.

Los glaciares cordilleranos significan un 70 por ciento de la reserva h铆drica de todo el pa铆s: cualquier actividad que all铆 se desarrolle requiere de una seria reflexi贸n pol铆tica y cient铆fica sobre sus consecuencias.

El reciente anuncio de modificar la ley de glaciares para favorecer a la miner铆a surge de una reuni贸n donde se encontraban presentes algunos de los mayores empresarios mineros del pa铆s y el titular de la C谩mara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Alvarez; representantes de provincias mineras; funcionarios de la cartera ambiental; el ministro de Energ铆a y Miner铆a, Juan Jos茅 Aranguren, y el de Trabajo, Jorge Triaca. No parece una reuni贸n intersectorial.

Sin duda, la presi贸n de las diferentes carteras sobre el ambiente se hacen cada vez m谩s agudas: en un primer caso fue la construcci贸n de las represas sobre el r铆o Santa Cruz, aprobadas bajo la implacable presi贸n del gobierno chino; hace apenas unas semanas, la resoluci贸n que aprob贸 la caza de seis mil guanacos en la Patagonia, dictada bajo la insistencia del actual Ministerio de Agroindustria. Ahora, los glaciares.

Si bien son comprensibles el inter茅s y las posibilidades de explotaci贸n de ciertos recursos naturales que pueden hallarse bajo los glaciares, el uso intensivo de agua o el riesgo de contaminaci贸n merecen un delicado an谩lisis. Una mirada inteligente y moderna no puede soslayar que la protecci贸n de las fuentes de agua potable es de m谩xima prioridad, en especial en zonas 谩ridas y semi谩ridas. M谩s a煤n si consideramos los ya visibles efectos del cambio clim谩tico. Algo que el propio Presidente resalt贸 en varias oportunidades.

Una iniciativa oficial, fundada en el inter茅s sectorial, para avanzar en un nuevo proyecto que reforme la denominada ley de protecci贸n de glaciares no es una buena noticia. No hay ning煤n nuevo estudio, realizado con seriedad en estos a帽os, que permita sostener que existen motivos para justificar una modificaci贸n de una norma consensuada con la sociedad y aprobada por unanimidad en el Parlamento, para permitir el inicio de las actividades econ贸micas en la zona periglacial.

Probablemente uno de los mayores desaf铆os que tendremos en la Argentina del siglo XXI ser谩 pensar m谩s all谩 de la rentabilidad inmediata. Las verdaderas inversiones arribar谩n cuando se demuestren responsabilidad, inteligencia y capacidad para conjugar desarrollo y protecci贸n ambiental, y no uno a costa del otro.