No hay bolsas de petróleo, como algunos airean: hay rocas sedimentarias en cuyos poros se insertan los hidrocarburos, petróleo o gas, y a las primeras aproximaciones con métodos sísmicos para conocer su existencia deben seguirse sondeos para poder evaluarlos, condición sine qua non para iniciar una explotación.

De Ghana a Angola hay países que producen petróleo, prácticamente “off-shore”, fuera de las costas, en aguas profundas (más de 500 metros) y ultraprofundas (más de 1.500 metros). Mauritania, relativamente cercana a Canarias, no tiene producción, aunque ha habido descubrimientos recientes sin interés comercial.

Nigeria es la gran productora del Oeste africano, con 1.850.000 barriles día; Guinea Ecuatorial produce cerca de 400.000 barriles día; Camerún, unos 75.000; Gabón, 230.000; Congo francés, 240.000 y Angola, 1.800.000 barriles día (el barril, 159 litros). Y casi todo este petróleo se exporta hacia Europa pasando entre Lanzarote y Fuerteventura y la costa africana, un trasiego intenso de petroleros con crudo a los que cabe añadir los barcos que transportan minerales de hierro de Mauritania y bauxita y carbón de Sudáfrica, con riesgos de contaminación de las aguas canarias superiores a los que puedan derivarse de las plataformas de prospección y, en su caso, de explotación.

Esto lo silencian los gobernantes que se oponen a las exploraciones para buscar petróleo en aguas que son estatales, conforme a la legislación internacional que regula el derecho de las naciones a explotaciones mineras y de hidrocarburos en aguas entre sus costas y las medianas con las limítrofes. Y con este criterio, España, desde Canarias, limita al Norte con Portugal (mediana entre Canarias e Islas Salvajes); al Este, con Marruecos y el Sahara Occidental; y al Sur, también con el Sahara Occidental.

Aplicando esta legislación y apoyándose en los derechos que le reconoce la Convención de La Haya, España ha concedido a Repsol y asociados nueve permisos sobre la base de estructuras geológicas de interés que cubren unos 6.200 kilómetros cuadrados, en tanto que a los permisos concedidos por Marruecos a Tangiers Petroleum en 15.000 kilómetros cuadrados a lo largo de su costa, hay que añadir los Juby Marine a la asociación de compañías Nautical Petroleum y Barrus Petroleum en 5.600 kilómetros cuadrados, de Tarfaya a Ifni, en todos los cuales la Onhym, compañía estatal marroquí, tiene un 25% de interés «carried», libre de gastos en la fase de exploración.

Independientemente de la participación que pueda reservarse, negociándola, en la posible explotación, el Gobierno de Canarias podría evaluar los beneficios que reportaría el tratamiento de los hidrocarburos en la refinería tinerfeña y, en el caso de encontrar gas, la posibilidad de establecer centrales en Fuerteventura y Lanzarote y llevarlo a Gran Canaria y a Tenerife con gaseoductos, menos profundos que el ejecutado entre Argelia y Almería (a 2.500 m.), pero el gas es capítulo que podría suponer otras ventajas para Canarias. Y de los posibles beneficios y ventajas (al igual que de los perjuicios) hay que hablar con total claridad, sin ocultamientos ni “politiquerías”.

Fuente: ABC España

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