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Restricción externa durante el período posneoliberal: el caso del gasoil

12/11/2018 | ARGENTINA | Notas Destacadas | 1932 lecturas | 401 Votos



Por Ignacio Sabbatella. El autor analiza el mercado del gasoil y su incidencia en el déficit comercial energético. Sostiene que esa incidencia se debe no sólo a su rol indirecto como sustituto del gas natural para la generación eléctrica, sino también a problemas estructurales tanto de la oferta como de la demanda.




Becario posdoctoral de CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (Universidad de Buenos Aires). Artículo publicado originalmente en Realidad Económica, Nº 318, agosto-septiembre de 2018.

1. Introducción

Durante el período 2003-2015, la argentina enfrentó un fuerte desequilibrio entre la expansión de la demanda energética y la declinación de la actividad hidrocarburífera, particularmente la extracción de gas natural. el desequilibrio se cristalizó en 2011 cuando se registró un déficit comercial del sector energético -es decir, un monto mayor de dólares erogados en la importación de energía que los ingresados por la exportación de la misma- por primera vez en poco más de 20 años.

El déficit energético contribuyó a la reaparición de la restricción externa, problema estructural de la economía argentina, que se define como “la incapacidad para generar o procurarse de modo permanente y sostenido las divisas necesarias para financiar el acceso a las importaciones de bienes intermedios y de capital requeridos por el proceso productivo” (Porta y Fernández Bugna, 2011). Conviene aclarar que la reaparición de la restricción externa durante esta etapa no se debió sólo al deterioro del superávit comercial a causa del notable crecimiento de las importaciones energéticas. Schorr y Wainer (2014) señalan también la existencia de factores estructurales que no fueron resueltos y que traban el desarrollo de las fuerzas productivas: el carácter acotado de la reindustrialización experimentada durante el período debido a la ausencia de un cambio estructural en el perfil de especialización; La gravitación del capital extranjero en las cuentas externas (fundamentalmente vía remisión de utilidades); y la fuga de capitales propiciada por los grupos económicos locales.

Tomando como referencia trabajos precedentes que analizaron el vínculo entre sector energético y restricción externa durante el período (Goldstein y otros 2016; Arceo y Wainer 2017; Barrera y Serrani 2018), en este artículo se pondrá el foco en el área downstream -que incluye las actividades de refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos- ya que no sólo el gas natural explica el aumento de las importaciones energéticas, sino también los derivados del crudo, especial mente el gasoil. en ese sentido, las preguntas de investigación son: ¿por qué el gasoil fue uno de los combustibles que más peso tuvo en el déficit comercial energético? ¿Se debió sólo a su rol como sustituto del gas natural en la generación eléctrica?

Precisamente, el objetivo de este trabajo es analizar el mercado del gasoil durante el período 2003-2015 y entender su incidencia en el déficit comercial energético. A modo de hipótesis, se sostiene que la incidencia del gasoil en el déficit energético se debe no sólo a su rol indirecto como sustituto, sino también a problemas estructurales tanto de la oferta como de la demanda que no fueron atendidos dentro del dispositivo sectorial a pesar de los cambios en el régimen de acumulación y de la forma de estado.

El orden expositivo es el siguiente: en primer lugar, se presenta el marco teórico y metodológico de la investigación. en segundo lugar, se describe la contribución del gasoil en el déficit comercial energético. en tercer lugar, se indagan los problemas relacionados con la oferta y, por último, los problemas vinculados con la demanda.

2. Marco teórico-metodológico

El marco teórico de la presente investigación plantea la articulación no automática entre la existencia de un bloque hegemónico y la consolidación de un régimen de acumulación de capital y una forma de estado particular.

En términos gramscianos, la hegemonía de un sector o clase social supone el dominio económico, político y social a través del poder del estado, al mismo tiempo que la dirección ideológica y cultural del resto de la sociedad (Gramsci, 1986 y 2001). la hegemonía toma cuerpo en un determinado régimen de acumulación en escala nacional y en una forma de estado determinada, siguiendo los aportes de la teoría de la regulación francesa. la categoría régimen o patrón de acumulación de capital designa el “conjunto de regularidades que aseguran una progresión general y relativamente coherente de la acumulación del capital” (Boyer, 2016: 80). las formas del estado son compromisos institucionalizados que crean reglas y regularidades en los gastos e ingresos públicos (Boyer, 2016).

Al mismo tiempo, el régimen de acumulación y la forma de estado condicionan parcialmente los dispositivos institucionales sectoriales, los cuales cuentan con una particular organización técnica y social de la producción, normas que regulan su funcionamiento, leyes o estatutos laborales y reglamentos internacionales y que evolucionan de acuerdo con su propia dinámica de precios e inversión (Boyer, 2016). en el caso del dispositivo sectorial energético su forma puede variar, con distintos matices y arreglos normativos y contractuales, entre el monopolio estatal de la explotación en toda la cadena o, por lo contrario, la cesión parcial o total de su manejo al sector privado. entre otros factores, se deben tener en cuenta la dotación de recursos naturales, la infraestructura emplazada para la producción, transporte y distribución de energía, los grados de apertura comercial y de alineamiento respecto de los precios internacionales. tanto en los países exportadores como consumidores, el dispositivo sectorial energético tiene un impacto decisivo en el orden macroeconómico.

A lo largo de su historia, el sector energético argentino estuvo marcado por el logro del autoabastecimiento en función tanto de un mayor grado de soberanía política como de los requerimientos energéticos del régimen de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). dada la disponibilidad de recursos energéticos (especialmente de origen fósil, pero también de origen hídrico), las empresas estatales tuvieron un rol estratégico en la administración del sector: Yacimientos petrolíferos Fiscales (YPF), Gas del estado (GDE), agua y energía eléctrica (AyEE), SEGBA, Hidronor y la comisión nacional de energía atómica (CNEA). con todo, el autoabastecimiento energético sostenido en el tiempo no se logró y la importación de combustibles tuvo una fuerte incidencia en la crónica aparición de la restricción externa (Barrera y Serrani 2018).

A partir de 1989 el dispositivo sectorial energético fue reformado estructuralmente bajo los principios de la hegemonía neoliberal. en función de la consolidación del régimen de valorización financiera y de la forma de estado neoliberal, los hidrocarburos dejaron de tener un carácter estratégico para abastecer el aparato productivo nacional. la reforma estableció la desregulación del mercado; la fragmentación y privatización de las empresas públicas (YPF, GdE, AyEE, SEGBA e Hidronor); y la transformación del petróleo y gas en commodities, es decir, en productos indiferenciados destinados a la exportación cuyos precios se fijan internacionalmente (Sabbatella, 2014).

En diciembre de 2001, el agotamiento de la valorización financiera y de la paridad cambiaria se tradujo en una crisis orgánica del régimen de acumulación neoliberal. Pese a que la salida devaluatoria favoreció a los grupos económicos locales en detrimento de las empresas privatizadas y capitales extranjeros (Basualdo, 2011), durante los gobiernos kirchneristas no se constituyó una nueva relación hegemónica. por lo contrario, la crisis abrió una etapa de intensas pujas de poder entre las distintas fracciones del capital, los sectores populares y el estado que se intensificó a partir de 2008 con el “conflicto del campo”. existieron rasgos de un régimen de acumulación más emparentado con el sector productivo y de un estado más activo en la economía y con mayores márgenes de autonomía respecto de las fracciones de capital dominantes, que desde el oficialismo denominaron “modelo de crecimiento con inclusión social” y que algunos autores califican de “neodesarrollista”, pero no supuso una reedición de la ISI, dado el carácter concentrado y extranjerizado de la estructura económica (Basualdo 2011). Aquí denominamos a esta etapa como “posneoliberal” dada la indefinición de los elementos mencionados.

A pesar del cambio de orientación de la política económica a partir de 2003, tendiente a la reindustrialización y a la expansión del mercado interno, los pilares del dispositivo sectorial energético heredado no fueron alterados hasta que su inadecuación en términos de inversión y producción se presentó como una amenaza para el esquema macroeconómico vigente.

Particularmente el déficit energético, sumado a otros factores políticos y económicos, llevó al gobierno argentino a impulsar la ley 26.741 de soberanía Hidrocarburífera en 2012, la cual declaró de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. a tal fin, la ley dispuso la expropiación del 51% de las acciones de YPF s.a. -pertenecientes a Repsol-, nuevos mecanismos de regulación estatal sobre el conjunto de la actividad petrolera y la recuperación de la noción del petróleo y gas como recursos estratégicos. de esta manera se puso fin a la etapa neoliberal de la actividad petrolera (Sabbatella, 2012).

El enfoque de nuestra investigación descarta la noción de “crisis energética” (por ejemplo, Apud y otros, 2015) para describir el déficit energético. la pérdida del autoabastecimiento -en el sentido clásico- no implica de por sí una situación Crítica en el nivel sectorial, ya que la argentina importa sólo una parte de sus necesidades energéticas, al igual que otros países. en cambio, el impacto es macroeconómico: la disponibilidad de divisas para solventar las importaciones energéticas se torna un problema en el marco de la restricción externa en un país periférico. En esa línea, se concuerda con los enfoques que señalan que los desajustes acumulados por la política sectorial contribuyeron a minar los superávits en las cuentas públicas y externas, convirtiendo un problema sectorial en un problema de orden macroeconómico (Goldstein y otros, 2016).

En cuanto a la metodología, se aplicó la estrategia de la investigación documental (Valles, 1 997). el trabajo de investigación se orientó a la recolección, sistematización y análisis de fuentes documentales y estadísticas, con el fin de abordar un proceso histórico de carácter económico-político. en este artículo se utilizaron dos tipos de documentos. por un lado, documentos numéricos (estadísticos) con el fin de analizar la dinámica sectorial: del Ministerio de energía y Minería de la nación (MINEM), del instituto nacional de estadísticas y censos (INDEC), de la compañía administradora del Mercado Mayorista eléctrico s.a. (CAMMESA), del instituto argentino del petróleo y Gas (IAPG), de la confederación de entidades del comercio de Hidrocarburos y afines de la República argentina (CECHA) y del ente nacional Regulador del Gas (ENARGAS). también se consultó la evolución del tipo de cambio por medio del Banco central de la República argentina (BCRA). por otro lado, se utilizaron documentos no numéricos o literarios vinculados con la normativa (leyes, decretos y resoluciones) vigente durante el período de estudio.

3. Déficit comercial energético

Frecuentemente se identifica al déficit comercial del sector energético con las crecientes importaciones de gas natural. esto es parcialmente cierto. se trata del componente más importante de la matriz primaria de energía con una participación del 54%, según datos del MINEM. la caída persistente de la oferta local combinada con el aumento del consumo, derivó en un progresivo incremento de la importación de gas boliviano a partir de 2004, complementado con la compra de gas natural licuado (GNL) a partir de 2008 con el fin de cubrir la demanda interna.

La reforma neoliberal de los noventa había determinado que el sector energético se convirtiera en superavitario en función de la exportación de hidrocarburos y esta dinámica se mantuvo a pesar del cambio de la orientación político-económica a partir de 2003. en consecuencia, el estado superavitario de la balanza comercial permaneció hasta 2010 inclusive, con un pico de 6.080 millones de dólares (MUS$) en 2006.

Hasta 2004 el segmento del gasoil mantenía un perfil exportador que había sido configurado durante la década previa, por lo cual aproximadamente el 12% de la producción local estaba destinada a la venta externa. sin embargo, a fines de ese año la secretaría de energía detectó deficiencias en el abastecimiento de gasoil por parte de las firmas refinadoras y comercializadoras de combustibles. por ello, a través de la Resolución 1.679/2004 estableció el Registro de operaciones de exportación de petróleo y derivados, que fue creado y suspendido durante 2002 en el marco de la crisis económica, con el “objeto exclusivo (de) asegurar el abastecimiento doméstico, asegurando el normal desarrollo de las actividades económicas que se desarrollan en el país”. Mediante el Registro, las empresas interesadas en exportar gasoil debían demostrar, previamente a su habilitación, que la demanda de toda la cadena comercial estaba debidamente satisfecha.

Posteriormente, se modificaron los derechos de exportación (o retenciones) en el contexto del alza de los precios internacionales. Mediante la Resolución 394/2007 la alícuota de exportación de gasoil y otros derivados retenida por el estado pasó del 5%, que había sido establecida en 2002, a un porcentaje móvil al igual que el petróleo crudo, de acuerdo con el precio internacional.

Igualmente, el volumen de exportación de gasoil se redujo fuertemente a partir de 2005, mientras que el volumen de importación creció gradualmente. ese año las ventas superaron a la oferta y la balanza comercial del gasoil se convirtió en deficitaria, cuando arrojó un saldo negativo de casi 200 Mus$. este monto no sería significativo hasta 2010 cuando el déficit alcanzó los 1.896 Mus$. a su vez, ese año la balanza comercial del gas natural se mostraba por primera vez deficitaria con 858 Mus$. de manera que ambos segmentos sumaban tempranamente un pesado déficit.

Finalmente, el déficit total del sector de 2.784 MUS$ en 2011 encendió las alarmas políticas que derivaron en la ley de soberanía Hidrocarburífera con el fin de recuperar el autoabastecimiento. la comercialización del gasoil tuvo un déficit de 3.711 MUS$ y el del gas natural 2.836 MUS$. en 2012 el déficit sectorial fue de 2.738 MUS$, similar al año anterior, el de gas natural trepó hasta 4.649 MUS$ y el de gasoil se redujo a 2.601 MUS$. en 2013 los tres saldos dieron un salto negativo: el sectorial fue de 5.684 MUS$, el de gas natural 5.662 MUS$ y el de gasoil 3.926 MUS$. En 2014 los déficits fueron de 6.543 MUS$, 5.835 MUS$ y 2.820 MUS$, respectivamente. Por último, en 2015 los déficits se redujeron significativamente al compás de la caída del precio internacional del crudo: 4.614 MUS$, 3.505 MUS$ y 1.856 Mus$, respectivamente, según datos provisorios del INDEC y del MINEM (ver gráfico 1). el déficit comercial del gasoil acumuló 14.916 MUS$ entre 2011 y 2015, equivalente al 67% del déficit energético total en el mismo período.

Con el fin de dimensionar la erogación de divisas, se realiza el siguiente ejercicio. En 2003 las importaciones del sector energético representaban el 4% de la importación total del país y la incidencia tanto del gas natural como del gasoil era nula o insignificante. en tanto que en 2014 -el año anterior al derrumbe del precio internacional- las importaciones del sector energético alcanzaron el 17,6% de las importaciones totales, las de gas natural el 9% y las de gasoil el 4,5%. Es decir que entre los dos segmentos representaron el 13,5% de las importaciones totales y más del 76% de las importaciones del sector energético. (...)

Fuente: Econojournal

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