También pretendería ir sobre activos de Arsat y Enarsa, y el Banco Nación, por considerarlos "alter egos" del Estado argentino, aunque los abogados de la Argentina niegan que puedan hacerlo.

Con el argumento legal del "alter ego", esto es, que empresas como Aerolíneas e YPF y organismos como el Banco Central y Arsat, y también el Banco Nación, son en realidad "prolongaciones" del Estado argentino, el acusado en el juicio, y por lo tanto sus activos en el exterior podrían ser sujetos de embargo a favor del litigante, el fondo Burford Capital.

Este dato fue publicado por el periódico británico Financial Times, que relata que Burford se embarcó en un "largo viaje" para hacerle pagar a la Argentina y recuerda que un caso similar, el del fondo buitre Elliott, duró quince años e incluyó la retención por más de dos meses de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana, finalmente llegó a un arreglo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Esta vez, del caso incluye presentaciones legales en la que los abogados del litigante acusan a los de la Argentina de "procedimientos descarados" para frustrar los esfuerzos de "recupero" de Burford. "El actual presidente libertario, Javier Milei, está en el extremo ideológico opuesto al de la administración izquierdista de Cristina Fernández de Kirchner", dice la nota del Financial.

Según los abogados de Burford, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, ambas con activos en Estados Unidos, son empresas"llenas de nombramientos políticos de personal no calificado y son "alter egos de la República", lo que significa legalmente no solo que son propiedad, sino también que son controladas por el Estado argentino e "indistinguibles de él". Una determinación judicial de ese tipo teóricamente facilitaría al embargo de activos por parte de los acreedores. 

Los abogados de Burford han pedido a la justicia de EEUU permiso para examinar cuán "estrechamente relacionados" están algunas compañías con el Estado. Y cita allí a la propia YPF (objeto original del juicio), que tiene un valor de mercado de USD 10.700 millones y el Estado argentino es dueño del 51 por ciento.

También argumentan que gobiernos previos han usado YPF para designar amigos políticos y para fijar el precio local de los combustibles, lo que evidenciaría que "es un brazo del Estado", por lo que pidieron que la Justicia le ordene a la República transferirles sus acciones en YPF. La empresa, recuerda la nota, tiene activos petroleros y gasíferos valiosos, incluida la formación Vaca Muerta.(...)