Además de las zonas visitadas en el Toxi Tour, la vía Oca y la vía Taracoa, toda la provincia de Orellana y toda la provincia de Maco están totalmente cruzadas por carreteras y tuberías. También está afectada la provincia de Pastaza. Las tres provincias son las que generan el 90% del petróleo que sale a nivel nacional, pero la parte más crítica está en Orellana.

 

 

Desde hace algunos años la población ha empezado a protestar por la industria hidrocarburífera y sus efectos negativos en la salud, el medio ambiente y las pertenencias de los habitantes de la Amazonía. 

 

La única forma que ha tenido un pequeño resultado es la medida de hecho, pero cada vez que las comunidades afrontan medidas de hecho, lo primero que hacen es enviar a los militares a reprimir porque las petroleras y los militares tienen convenio para que éstos cuiden a las primeras.

 

Los militares obedecen órdenes de los representantes de las compañías petroleras. En julio de 2005, empezó una medida de hecho biprovincial. Orellana y Sucumbíos, contra el Estado y las petroleras porque ni uno, ni las otras querían comprometerse a reparar daños ambientales y a compensar e indemnizar a las personas afectadas.

 

Fue un paro auspiciado por las comunidades, por la gente de base que vive en las instalaciones petroleras y que obligó a los funcionarios políticos de estas provincias a sumarse. La respuesta fue una represión brutal; asaltaron parroquias y ciudades enteras, lanzaron bombas y ráfagas de fusiles ametralladoras.

 

 El acontecimiento no fue cubierto por la prensa nacional, buena parte de ellas financiadas, por las petroleras. Pequeños flashes informativos traspasaron las fronteras del país.

 

 

 

En la Amazonía la mayor parte de sus habitantes son indígenas que viven de la caza y la pesca. Con esta actividad se ahuyenta la cacería, se mueren los peces, desaparecen las fuentes de agua y se agrieta la selva y el bosque.

 

 El agua dulce se contamina, no sólo a nivel superficial, sino que el movimiento de tierra, los temblores provocados por la explosión de grandes cantidades de dinamita o de tempolita, provoca la contaminación de aguas subterráneas.

 

 En cuanto a las vías de acceso, no se toman precauciones, no se marcan, no se tiene en cuenta que puedan pasar por sitios sagrados o por zonas de apareamiento o entornos ricos en biodiversidad. Se producen, además, represas, provocando grandes inundaciones y proliferación de mosquitos que provocan un sinfín de enfermedades.

 

 

En la perforación del pozo hay una cantidad ingente de químicos peligrosos, cancerígenos, que adjuntan al petróleo para que pueda fluir. Por lo general, el petróleo siempre se encuentra ligado a agua y gas.

 

Tras salir a la superficie llega a las estaciones de separación, el petróleo es evacuado a la refinería del puerto de Esmeraldas para ser comercializado, pero el agua de formación y el gas quedan aquí.

 

El gas se quema al aire libre, creando otras reacciones químicas porque la combustión es incompleta y el agua se tira a grandes balsas que casi siempre son fuentes de abastecimiento de los campesinos.

 

 

 

El 90% de la población no dispone de agua potable. Todas las fuentes de agua se contaminan provocando un daño en la salud. Además, la combustión del gas provoca otras reacciones químicas y un nuevo contaminante que retorna de nuevo al agua, a nivel superficial.

 

En muchas comunidades la gente consume el agua de lluvia recogida de los techos, provocando una contaminación mucho más peligrosa, ya que la gente va enfermando, día a día, sin darse cuenta.

 

La incidencia del cáncer se multiplica en la medida que las personas cumplen años; de 20 años de edad en adelante se triplica y, las mujeres, en algunas zonas tienen un 160% más de probabilidades de contraer cáncer y de tener abortos espontáneos. Aquí no se salva nadie.

 

 

¿Qué postura adopta la Administración? Un estudio en San Carlos, sobre una población de 1.000 habitantes, encontró que el 10% de la población tenían ya cáncer. Un posterior estudio en la misma zona confirmó los datos o, incluso, ofreció un panorama peor.Las autoridades nacionales lo saben perfectamente, se les ha entregado copia de los estudios, pero no se ha hecho nada por remediar los problemas, ni por limpiar lo contaminado.

 

Los vertidos de crudo son habituales en un entorno rico en biodiversidad y con una población humana desasistida...

 

Los vertidos se producen porque la mayor parte de la tubería que se está utilizando en este momento tiene alrededor de 20-30 años, cuando, normalmente, la vida útil del oleoducto es de 10 años. Por ello se producen vertidos a diario en las comunidades. En la provincia de Orellana hay un promedio de dos derrames por semana y pasan los años y no son remediados.

 

 

 

Cuando la comunidad trata de protestar, muchas veces se le da pequeñas dádivas, alguna casa comunal o útiles escolares y se firma un convenio entre la compañía y el afectado, por el cual el dueño de la finca o la comunidad se compromete a no denunciar.

 

Pese a que es el Estado el reponsable de velar por la seguridad de los habitantes, se deja que sean la compañía y el afectado quienes hagan un convenio por el que, el afectado se compromete a retirar la demanda interpuesta, a no volver a demandar nunca más y a no protestar por ningún concepto. Muchas veces, además, como los demandantes son campesinos humildes, algunos de los cuales no saben leer o son gente ya mayor, les hacen firmar documentos en blanco que luego son rellenados por la empresa.

 

 

 

En menos de dos meses se declararon cinco estados de emergencia. Tuvimos un estado de emergencia que duró cuatro meses y justamente había una protesta fuerte por la contaminación. La gente siguió en la lucha y hubo compañeros, entre ellos mi persona, demandados ante una corte militar por terrorismo, sabotaje y secuestro, cuando no hubo nada de ello.

 

Simplemente, en la comunidad donde yo vivo se levantaron tres comunidades contra la compañía Perenco, francesa, reclamando que presentaran el estudio de impacto ambiental por una tubería que alcanzaba los 100º y estaba afectando a mucha gente que se quemó, niños, animales y pedíamos que se enterrara y que la comunidad fuera compensada.

 

 La compañía nos envió al Ejército y el propio gobernador se trasladó a la zona en helicóptero militar, supuestamente para invitarnos a dialogar, ya que, según decía, él no podía decir nada como autoridad civil que era.

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Mientras hablábamos con él, los soldados nos emboscaron y sacaron de las instalaciones; lanzaron balas y bombas y el gobernador comenzó a señalar con el dedo a los dirigentes que debían apresar. Capturaron a dos observadores, yo me escabullí, y nos quisieron juzgar a todos en una corte militar.